El programa ‘En el punto de mira’, de Cuatro, investiga el caso de los falsos asesores
Redacción - MIRA
El programa de Cuatro ‘En el punto de mira’ analizó este pasado lunes noche, por separado y con similar profundidad y rigor periodístico, dos temáticas de alto fuste: por un lado los denominados estafadores sentimentales o estafadores del amor y, de otro, los asesores políticos (un tanto fantasmas en cuanto a sus presencias en los puestos de trabajo pero no así en la cobranza de generosísimos sueldos).
La figura del asesor político, fichado de manera independiente, es legal. Pero siempre con sujeción a un contrato que pueda especificar su lugar de trabajo y, sobre todo, que desglose pormenorizadamente, una por una, sus funciones. En España actualmente existen en torno a los 100.000 asesores entre Gobierno Central, Ministerios, Autonomías, Diputaciones… Un número que de entrada asombra sobremanera…
¿Son necesarios? No siempre. ¿A veces existen injerencias con cometidos que bien pueden desempeñar funcionarios de carreras? Por supuesto que sí. ¿Sobran algunos? Muchísimos. Los muy profesionales del programa de Cuatro así lo demostraron en un reporterismo ejemplarizante. Aportaron un dato sintomático e ilustrativo: “La Junta de Andalucía tiene 233 asesores oficiales, de las cuales más de la mitad de ellos dependen de la presidencia”.
Los reporteros se desplazan a Granada, concretamente hasta su camposanto. Para demostrar cómo no pocos de estos asesores no realizan su trabajo. Son los asesores fantasmas. Ni están en sus puestos de trabajo ni se les espera. Pero sí cobran un dineral como sueldazo. Así los periodistas se dirigieron hasta el cementerio de Granada capital. El Ayuntamiento contrató sucesivamente a seis asesores para el protocolo de dicho cementerio. Pero…
Pero el gerente jamás los ha visto por allí, ni un solo día, durante los últimos años. Se consulta in situ también a otros empleados como enterradores o responsables de limpieza. Ninguno ha visto a nadie. El gerente se muestra sincero en sus declaraciones pero no habla a cámara porque el asunto está judicializado. Concretamente, y por contrato, estos asesores habían de encarar y desarrollar cometidos de protocolo, relaciones institucionales y relaciones con los medios de comunicación.
Se consulta a pie de calle a algunos de estos asesores, identificados de antemano. Pero ni saben ni contestan, ofrecen la callada por respuesta y echan a correr. Asombroso. En el caso del cementerio de Granada presuntamente se puede haber cometido un delito de malversación de caudales públicos, cohecho y prevaricación. La pelota comienza a saltar de un tejado a otro conforme la investigación de los reporteros de Cuatro se aproxima al núcleo duro de la negligencia.
El cementerio de Granada tuvo asesores invisibles que sabían poner la mano a final de mes. Los investigadores dan un salto geográfico. Para pisar el asfalto de Ciudad Real. Allí, bajo sospechas y denuncias, se anularon y quedaron fuera de vigor un número altísimo de asesores políticos que poseía Diputación. Tras entrevistar a bocajarro a algunos protagonistas, se demuestra que se cometía duplicidad de funciones…
Y que el trabajo que realizaba un asesor bien fácilmente podía hacerlo un funcionario de carrera. Bien es cierto que el asesor, como cargo de confianza del presidente, “ayudaba con el planteamiento político y estudiaba cómo abrir más la Diputación hacia el exterior”. El máximo responsable entonces de la contratación de tantísimos asesores alega que no redactó sus funciones y que, por ende, las desconocía.
Esta nueva edición de ‘En el punto de mira’ subraya la importancia de la transparencia. Así como la necesidad de que la norma especifique las funciones de estas contrataciones eventuales. Un asesor no puede suplantar funciones asignadas a otros funcionarios. Tampoco esta figura ha de ser un fácil acomodo para premiados políticos por determinados cometidos como ejercer de candidatos fallidos a alcaldías de según qué pueblos.
