“¿Se puede obligar al profesional sanitario, bajo pena de sanción, a tener que actuar practicando eutanasia porque así se legisle?”El doctor José Miguel Merino Aranda inaugura en la Escuela de Hostelería, con una ponencia que aglutinó a mucho público, el ciclo ‘Escuela de Salud’ enmarcado en la programación cultural del Grupo Romero Caballero
José Miguel Merino Aranda, médico Especialista en Obstetricia y Ginecología, ha inaugurado en la biblioteca de la Escuela de Hostelería de Jerez el ciclo ‘Escuela de Salud’ enmarcado dentro de la amplia programación cultural 2009-2010 del Grupo Romero Caballero. Con una nutridísima presencia de público que abarrotó el foro de la biblioteca de la propia Escuela de Hostelería, el doctor Merino –presentado por el asesor de EH Editores Álvaro Quintero- abordó desde todas sus vertientes la temática que daba título a su charla: ‘La eutanasia. ¿Es la solución?’.
Para José Miguel Merino, “por paradójico que pueda resultar, pocas realidades nos obligan tanto como la muerte a interrogarnos sobre el sentido de nuestra vida. Si pretendemos darle sentido, pocas realidades como la muerte están tan marcadas por la condición, trascendente o no, de la propia vida. Dar una respuesta al problema de la eutanasia obliga necesariamente a hablar de la vida y de la muerte como dos problemas o dos misterios reales nunca definitivamente resueltos. Inevitablemente, para hablar de la eutanasia, habría que hacerlo resolviendo antes qué es la vida y qué es la muerte. Pero no sólo como simple hecho biológico sino como hechos trascendentales del ser humano. Esto significa, en otras palabras, que para adoptar una posición ética o jurídica sobre la eutanasia, habría que preguntarse qué debe ser la vida y cuál debe ser el sentido de la muerte, lo cual, en gran medida, es el comienzo de toda filosofía. El problema de la eutanasia puede ser abordable, por tanto, desde múltiples perspectivas: moral, médica, jurídica, social, filosófica, religiosa, humana, política y yo diría que incluso hasta económica”.
José Miguel Merino explicó el avance de la Medicina en la segunda mitad del siglo XX, que ha permitido disponer de medidas capaces de dar soporte vital prolongado incluso a pacientes que padecen enfermedades irreversibles, “lo cual está generando la preocupación de que a veces se efectúen medidas médicas, diagnósticas o terapéuticas que puedan producir sufrimientos inútiles en enfermos incurables o que no cuentan con el adecuado consentimiento. De otro lado, en las últimas épocas los cuidados paliativos cada vez más están proporcionando recursos capaces de aliviar la siempre penosa situación del final de la vida. En este marco se ha planteado el alcance de la decisión de la persona sobre el final de su vida. Y cuál es la misión de los profesionales sanitarios en este punto”.
La eutanasia, su debate, está planteando infinidad de controversias. Para Merino, “resulta imprescindible clarificar lo que se quiere expresar cuando se defiende o se rechaza la legalización de la eutanasia. De otro modo sería difícil progresar en una reflexión serena y coherente que permita adoptar una decisión responsable”. Desglosó igualmente la definición etimológica de eutanasia en su primera acepción de ‘buena muerte’. Aunque “entendemos que el significado actual de dicho término se refiere a la conducta, por acción u omisión, intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible por razones compasivas y en un contexto médico. Cuando se habla de una ley de eutanasia se está hablando de una legislación según la cual no existiría impedimento legal, bajo determinadas condiciones, para llevar a cabo esta práctica dentro del ejercicio de la medicina y en contra dentro de lo que ha sido su ética tradicional”.
Insistía de entrada el doctor Merino que “esta práctica siempre se ha considerado y se considera en contra de la ética de la profesión médica. "Debemos saber que el objetivo de los cuidados paliativos es el alivio de los síntomas, entre los que el dolor tiene el mayor protagonismo que provoca el sufrimiento y la merma de la mínima calidad de vida del enfermo en situación terminal. Incluyendo lo que se ha dado en llamar principio de doble efecto. Es decir: administrar fármacos fundamentalmente analgésicos y sedantes que, en la dosis necesaria para alcanzar los objetivos terapéuticos, puede llegar a alcanzar ocasionalmente un adelanto del fallecimiento. Cuestión expresamente admitida en los códigos deontológicos sanitarios que permiten soluciones sin que sea necesario judicializar la cuestión”.
“La denominada eutanasia pasiva –prosiguió-, concepto aparentemente atractivo a primera vista, resulta más confuso de lo que parece desde un análisis ético riguroso. De forma escueta sería la práctica de la eutanasia por omisión del procedimiento médico. Por tanto, desde el punto de vista de la ética médica, la distinción entre la eutanasia activa y pasiva, no tiene sentido siempre que se mantenga invariable la intención y el resultado: terminar con la vida de la persona enferma. También se podría suscitar dudas a la hora de diferenciar el concepto ‘permitir la muerte frente a la eutanasia por omisión’ pero es posible establecer un criterio claro de diferenciación: la clave reside en la intención que preside la conducta médica. Ante un paciente en situación terminal, lo que se hace o se deja de hacer con la intención de prestarle el mejor cuidado permitiendo la llegada de la muerte no sólo es éticamente aceptable sino que muchas veces llega a ser obligatorio desde la deontología de las profesiones sanitarias. Por el contrario, cuando algo se hace o se deja de hacer con la intención directa de producir o de acelerar la muerte del paciente… entonces corresponde aplicar el calificativo de eutanasia”.
Los códigos médicos nacionales e internacionales, a través de sus diferentes asociaciones, “son contrarios a las prácticas médicas que contribuyan a la muerte del paciente ya se denominen eutanasia o suicidio asistido. Este planteamiento ha sido ratificado por última vez en la Asamblea General Médica Mundial celebrada en Sudáfrica en 2006 donde se dijo que el suicidio con ayuda médica, como la eutanasia, son contrarios a la ética y deben ser condenados por la profesión médica. Cuando el médico ayuda, intencional y deliberadamente, al paciente a poner fin a su vida entonces el médico actúa contra la ley”. Después de estas notas prologales Merino entró de lleno en la discusión de la cuestión para dar por sentado que “la eutanasia plantea un debate intelectual y filosófico bien conocido: de una parte quienes afirman que la capacidad de autodeterminación del ser humano es total y absoluta, de manera que estaría legitimado el ejercicio de la libertad si decide poner fin a la propia vida. Desde esta perspectiva no hay duda para la libre disposición de la vida y, como lógica consecuencia, la aceptación moral del suicidio, entendiendo que cualquiera puede determinar el momento de finalizar la propia vida cuando considera que ya no es digna de ser vivida. De otra parte, los que contemplamos la vida como un don recibido que se puede administrar autónomamente pero sin que esta autonomía se traduzca en la disponibilidad absoluta. Quienes así entendemos la existencia humana no consideramos moralmente aceptable el suicidio y negamos que exista tal derecho”.
No obstante, “en esta controversia las cosas se complican aún más”. Porque “el legislador está tipificando el hecho del suicidio como un acto personal. En efecto, en la eutanasia, a diferencia del suicidio, se hace necesario implicar a una tercera persona, el cual además es un profesional sanitario a quien la sociedad confía el cuidado de las personas que por su enfermedad son especialmente débiles o vulnerables. Esto cambia completamente el marco del debate. Y añade graves implicaciones sociales a tener en cuenta. ¿Se puede obligar al profesional sanitario, bajo pena de sanción, a tener que actuar practicando eutanasia porque así se legisle? Debemos saber que esto, que parece muy lejano, se está pretendiendo ya en nuestra comunidad. Si esto fuera así, y el derecho de autonomía personal llega tan lejos a la hora de decidir sobre la dignidad y continuidad o interrupción de la propia vida, cabría plantearse también si hubiera que legislar contra el policía, el bombero o el simple transeúnte que, en un acto de valor heroico, consigue evitar que el suicida se lance al vacío o a la vía del tren pues estarían actuando contra la legítima libertad del individuo”.
Curioso, por paradójico que parezca, planteamiento de tan controvertido asunto: “Cuando se propone así la legislación de la eutanasia… se esgrime de modo más o menos consciente un auténtico derecho a morir que llega a exigir la obligada colaboración de terceros. Pasamos así de la mera constatación de un lícito ámbito de la libertad individual al reconocimiento de un derecho, el cual lleva a configurarse inevitablemente como un derecho de prestación que garantizarían los poderes públicos. Por duro que suene hemos pasado a debatir la posible existencia de un derecho a exigir que otro nos mate. Derecho que plantea no pocas controversias jurídicas pues tengo entendido que instancias jurisdiccionales de tan elevado nivel como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Supremo de los Estados Unidos no lo han admitido. Pero cuyo reconocimiento, paradójicamente, podía ser la única alternativa para el médico que, en conciencia, se niegue a practicar la eutanasia ya que sólo partiendo del deber de matar a otro tendría sentido el plantear excepciones por la vía de la objeción de conciencia”.
“Ciertamente –subrayó Merino Aranda- la ética debería fundamentar el derecho pero sin embargo en la práctica se trata de dos conceptos diferentes que, aunque tangan mucho en común, no se identifican. Desde el punto de vista ético respondemos según nuestra conciencia y desde el punto de vista legal ante la autoridad competente, teniendo el Estado la posibilidad de intervenir según establezca la ley. Pero esta capacidad de intervención no interviene directamente a partir de un juicio moral, sino a partir de una valoración política. La paradoja está servida. La ley puede obligar al médico a matar… aunque parezca surrealista”.
El doctor Merino advirtió acerca de la peligrosidad de generalizar, mediante legislación, una práctica que a la larga puede volverse en contra. Y hasta apostillar un hecho fundamental: “la capacidad de decisión del sujeto paciente, la cual se establece por el consentimiento informado previo o testamento vital basado en la ley de voluntades anticipadas por la que cualquier persona puede dejar –reconocida legítimamente- su intención de no ser sometido a procedimiento que alargue injustificadamente la agonía o suponga un encarnizamiento terapéutico inútil. Este cambio de perspectiva puede incluso dar entrada en juego, ante una enfermedad terminal, a una complicada y difícil diferenciación entre el consentimiento del paciente y la percepción a través de la cual en su propio entorno se vive la enfermedad. Me explico: dar por hecho que el paciente no se halla en condiciones de soportar una situación que resulte soportable por el que la contempla debe entenderse como un loable ejercicio de compasión o simpatía. Derivado de ello, de modo automático, la exigencia de una intervención ajena podría constituir una grave injerencia. La contemplación del dolor ajeno, muy especialmente si se trata de una persona querida, puede resultar más lacerante aún que sufrirla en carnes propias y deducir de ello actuaciones gravemente precipitadas. De hecho se ha podido comprobar en Holanda, donde existe ya una legislación permisiva en esta materia, lo que se ha dado en llamar la Teoría de la Pendiente Resbaladiza, por la que en un ámbito social, en la que cuenta legalizada la práctica de la eutanasia, el clima social consecuente facilita hasta millares de enfermos –inconscientes o incapaces- que no han expresado su autorización (su consentimiento informado previo) a solicitar para estos la aplicación de la eutanasia. Y en base al argumento anteriormente referido de la percepción exterior del sufrimiento”.
José Miguel Merino instó a una mejor cuantía económica destinada a los cuidados paliativos, a las circunstancias humanas y al tratamiento de los enfermos en especiales casos de dolor y enfermedad terminal. Al término de su muy aplaudida intervención se procedió a un participativo debate en el que muchas de las personas asistentes a su conferencia preguntaron a partir de experiencias personales o dudas generales relacionadas con la legislación de la eutanasia. A la conclusión de la sesión, y por gentileza de Catering Las Vides, se ofreció un aperitivo y un jerez de honor.
